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Dos meses
Los motorizados tendrán dos meses para dejar de utilizar los cascos cerrados y comprar uno abierto, según lo estipula un reciente decreto publicado en La Gaceta. En la foto, se observa la diferencia entre un casco cerrado y otro abierto.
Alexander OTÁROLA/Al Día
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Motociclistas molestos con decreto
No podrán usar cascos cerrados Keneth ROJAS BARRANTES
kerojas@aldia.co.cr
“Cómo nos van a prohibir los cascos cerrados, cuando en un accidente lo primero que uno pega es la cara”.
Con esas palabras, el mensajero Osvaldo Chinchilla mostró su molestia e indignación debido al decreto ejecutivo publicado hace dos días en La Gaceta, que prohíbe el uso de los cascos cerrados para las personas que viajen en motocicletas, bicimotos o cuadraciclos.
El decreto D31945-75898, firmado en abril por el presidente Abel Pacheco y el entonces ministro de Obras Públicas y Transporte, Javier Chaves, pretende reducir el número de asaltos o robos hechos por personas que escudan su identidad detrás de ese tipo de cascos. (Ver nota aparte).
Jorge Rojas, director del OIJ, está de acuerdo con que los motorizados no utilicen los cascos cerrados, pues eso permitirá identificar a quienes cometen delitos en ese tipo de vehículos.
“Es una buena disposición, ya que el cien por ciento de los asaltos a motociclistas, los llamados bajonazos a motociclistas son hechos por delincuentes en motos y con cascos cerrados que no permiten su identificación”, dijo Rojas.
Sin embargo, para Chinchilla, quien trabaja para Servicios Courier de Costa Rica, además de la desprotección física, los motociclistas deberán deshacerse de los cascos que ya tienen, para comprar otro que cumpla con los requisistos que exige el decreto.
“Este que yo ando vale ¢35 mil. Ahora no nos queda más que guardarlos porque nadie los va a comprar, y comenzar a sacar plata para adquirir uno nuevo”, dijo. De igual forma piensa Nilhs Chavarría, empleado de la empresa Suplidora de Equipos, que lamenta tener que estar más expuestos a sufrir lesiones.
“Andamos trabajando y arriesgando nuestras vidas. Ya me imagino al INS pagando millonarias cantidades por dientes quebrados o lesiones serias”, dijo Chavarría.
El decreto establece un periodo de dos meses para comenzar a regir y una multa de ¢2 mil al conductor que lo incumpla. Justos por pecadoresPero no solo ellos se verían afectados por la nueva disposición, sino también las personas que se dedican a venderlos.
Los cascos cerrados tienen un costo cercano a los ¢50 mil, mientras que uno abierto cuesta cerca de ¢20 mil, de acuerdo con la marca y el estilo.
Según José López, administrador de la tienda Breymann Motor Sport, de San José, todavía cuentan con ocho cascos cerrados, que en total suman los ¢500 mil.
“Es preocupante, esto es una pérdida para el negocio, más ahora que tenemos que pulsearla tanto”, dijo López. “Si es por la robadera y los asaltos siempre va a ser igual, porque hay gafas y otras cosas que le cubren a uno la cara. Vamos a tener que pagar justos por pecadores ”, concluyó Osvaldo Chinchilla.
Nuevas reglas Keneth ROJAS BARRANTES
kerojas@aldia.co.cr
De acuerdo con el decreto ejecutivo D31945-75898, quienes viajen en motocicletas, bicimotos o cuadraciclos deberán cumplir con lo siguiente:
Uso obligatorio del casco para las personas que se desplazan por vía terrestre, pública o abierta al uso público, con el objetivo de proteger la cabeza.
Los cascos deberán ser del tipo “jet” o abiertos, sin partes o dispositivos que cubran el mentón u otras partes del rostro.
En caso de tener visera, no debe cubrir el rostro. Si tiene pantalla o protector, ésta debe tener total transparencia.
Prohíbe el uso de cascos con pantallas oscuras o de colores y con cualquier estilo que impida o dificulte identificar o distinguir el rostro de quien los usa.
Establece una excepción para actividades y competencias deportivas en vías públicas y organizadas por asociaciones o federaciones deportivas legales.
Los motorizados cuentan con un periodo de dos meses para ajustarse a las nuevas medidas.
Según lo estipula el artículo 132, inciso q) de la Ley de Tránsito, se impondrá una multa de ¢2 mil a toda persona que incumpla con estas disposiciones.
El decreto considera que el uso de cascos cerrados permite a personas inescrupulosas cometer acciones delictivas, lo cual dificulta a las autoridades policiales la identificación de sospechosos.
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