En Santa Ana, Cartago y Puntarenas

Escandaloso fraude con bienes

Inicialmente, 14 personas han sido estafadas y el perjuicio es de ¢2.500 millones

Un total de 14 personas sufrieron perjuicios económicos por unos ¢2.500 millones, tras resultar estafadas con propiedades en Cartago, San José y Puntarenas, informó ayer el director del OIJ, Jorge Rojas.

Una de ellas, estadounidense y que vive en La Florida, perdió 35 fincas en Cartago. Sin embargo, el más perjudicado es un tico que pagó ¢400 millones por una propiedad, en Hatillo 8, que pertenecía al INVU, precisó Rojas.

Según las indagaciones iniciales, el fraude tiene que ver con 65 propiedades.

Ayer fueron detenidas 13 personas: el líder del grupo, de apellido Mora, quien había regresado recientemente a las calles, tras purgar 18 años de cárcel por un delito similar, otros siete particulares y cinco notarios, de los que cuatro se hallaban suspendidos por delitos o anomalías con sus protocolos.

El único notario sin ese tipo de problemas es de apellido Urmanzor, según aclaró Rojas.

Quedan por apresar otras tres personas que están en fuga, aunque plenamente identificadas por las autoridades.

Las víctimas de la estafa no solo fueron los dueños a los que, mediante fraudes registrales, les quitaron sus propiedades, sino también quienes les pagaron con terrenos robados y las personas que hicieron préstamos sobre esos bienes inmuebles.

La verdadera magnitud del caso salió a relucir cuando una señora, en representación de una sociedad, denunció un fraude con una propiedad en Santa Ana.

Según comentó Rojas, los integrantes de la banda dispusieron "del tiempo y el dinero" para buscar propiedades cuyos dueños no mostraran aparentemente interés en ellas, ya fuera porque las mantenían encharraladas o por no visitarlas con frecuencia.

Ese supuesto desinterés de los dueños hacía suponer a la banda que ellos tampoco se preocupaban por vigilar el registro de sus propiedades. Por ello, los antisociales investigaban en el Registro de la Propiedad para falsificar documentos, y "lavar" los terrenos mediante traspasos, cesiones, donaciones, ventas y compras.

Inicialmente, las pesquisas no revelan que la banda haya contado con cómplices dentro del Registro Nacional.

El director de esa entidad, Dagoberto Sibaja, se mostró complacido por las acciones policiales desplegadas. Además, recordó que esa institución ha sido la que ha denunciado anomalías de este tipo desde el año 1980.