Hugo Solano
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El magistrado Rolando Vega Robert, director del Proyecto Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA), revela cómo miles de costarricenses tienen respuestas más rápidas de la Sala Segunda, en aspectos laborales y de familia, así como del Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia con solo una nueva norma.

La idea es permear todo el sistema judicial y que la “justicia pronta y cumplida” pase de ser un lema, a una realidad tangible.

¿Qué factor fue determinante para lograr este cambio?

Primero, cambiar la mentalidad de los servidores, lograr un mayor compromiso, un cambio en las formas de hacer las cosas en el trabajo a partir de evaluaciones.

¿Cuáles son algunos ejemplos concretos?

Antes, de Goicoechea a San José, los expedientes solicitados duraban mes y medio, ahora llegan en pocos días.

¿Qué beneficios se notan ya para el ciudadano?

Por ejemplo, en la Sala II, en los últimos cuatro años se habían incrementado los expedientes de 257 a 646. A partir del rediseño e implementación de la Norma GICA, hace solo tres meses, la disminución de expedientes es del 64,5 por ciento de los casos y actualmente solo quedan 229.

¿Cuánto duraba antes un expediente en la Sala II y cuánto ahora?

Antes duraban más de 8 meses, estamos casi 4,8 y la meta es llegar a cuatro meses.

¿Dónde estaban los cuellos de botella?

Todo se hace con el mismo recurso humano. Tampoco es por razones de tecnología. Se controlan los procesos, qué se hace y qué no, dónde surgen los atascamientos. En todo esto descubrimos “tiempos muertos” que antes iban en detrimento del servicio.

¿Los trabajadores están contentos con el cambio?

Creo que sí. Implica mejor actitud y compromiso. De hecho ya hay 19 dependencias dispuestas a aplicar la norma.

¿Cuáles están en lista?

Las otras tres Salas, así como juzgados de Liberia, Santa Cruz, Goicoechea y San José.

¿Cual es el espíritu del plan?

Poner a la burocracia del Estado contra las cuerdas para que sobreviva en un mundo de competencia y que haga las cosas con modelos de eficiencia probada. El sector privado se ve obligado a modernizarse con la apertura y nosotros debemos competir con nosotros mismos, con nuestras propias debilidades.

¿Qué motivó el cambio?

En los últimos doce años se empezó a hablar de una reforma, más que de una modernización judicial a raíz de varios problemas, entre ellos el retardo judicial que en algunos casos podría llamarse una denegación de justicia, porque una justicia retardada, al final no es justicia.

¿Qué otros problemas?

El maltrato a los usuarios que surge de no considerar que es la ciudadanía la que con sus impuestos sostiene al Estado. Se debe romper el paradigma del poder y estar claros en que se trata de un servicio público. También surge el cambio tras encontrar debilidades de organización y funcionamiento en los 10.500 empleados.

¿Por qué se dice que el proyecto piloto favorece a los sectores más vulnerables?

Con apoyo de la Unión Europea, el proyecto busca fortalecer la cohesión social. Se seleccionó la Sala Segunda porque conoce lo laboral y lo de familia, que son muy sensibles. También para predicar con el ejemplo desde uno de los despachos de mayor jerarquía.

¿Y el juzgado de Heredia?

Había un acumulado de 302 casos y en los últimos siete meses se llegó a 193. Con ayuda de la Fuerza Pública los señalamientos de audiencias pasaron de 45 a 20 días. Se tramitan todos los casos que se reciben cada mes mayoritariamente de mujeres sometidas a agresiones.

¿Se trata de un proyecto importado?

Vimos las experiencias de Francia, Argentina, Colombia y Finlandia, pero notamos que las normas ISO, que originan el plan, fueron pensadas para la empresa privada, entonces decidimos hacer en Costa Rica algo diferente e innovador. Creamos un modelo con normas propias, hechas específicamente para la justicia, con un órgano externo que certifica.

¿Quiénes lo integran?

Conare, Incae, Sinaes, Colegio de Abogados, Ministerio de Justicia y la Defensoría.

Perfil

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el 2002

Edad: 51 años

Cargos: Licenciado de la UCR y Doctor en Derecho, de la Universidad de Salamanca. Profesor de la UCR.

Dato: es casado, tiene dos hijas y vive en Moravia.